La decisión del juez Martín
Bava de impedir su salida del país y ponerle una caución millonaria enfureció a
Mauricio Macri, al mismo tiempo que otro tribunal, el del Fondo Monetario
Internacional, más escuchado por el poder económico, pondrá en tela de juicio
la medida de su gobierno que será más recordada: el enorme endeudamiento que
buscó condenar el futuro del país.
En su discurso en la reunión
anual de la Unión Industrial Argentina, Alberto Fernández pidió que el Fondo
analice –antes de cerrar un acuerdo con su gobierno– el enorme préstamo
irregular con que el organismo pretendió respaldar las aspiraciones de
reelección de Macri.
El Fondo ya anunció que en
dos semanas se abocará al análisis de la forma en que se gestó esa fabulosa
entrega de dinero a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos
que estaban planteados. El trámite no cumplió los requisitos legales en
Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o
por la motivación política. Los términos constituyeron una farsa, planteada con
total hipocresía, porque el gobierno de Juntos por el Cambio había estrellado
la calesita y ya estaba en rojo. Los prestamistas internacionales habían dejado
de prestarle en un año antes.
«La evaluación ex-post se
concibió como un mecanismo para trazar lecciones después que se completa un
acuerdo excepcional», señaló un comunicado del Fondo. Lo de «excepcional» es
por los 57 mil millones de dólares que se acordaron en el préstamo a la
Argentina, de los que se recibieron 44 mil millones. Según informó el organismo
financiero, en la semana del 20 de diciembre, el Directorio Ejecutivo analizará
el trámite antes de discutir con Argentina el nuevo programa de vencimientos.
Alberto Fernández había
dicho el jueves en la UIA que era necesario que se haga una evaluación del
«fracaso del programa por el que se desembolsaron 44 mil millones que se mal
utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar fuga de capitales». Y
agregó: «necesitamos que el FMI haga esa evaluación. Eso va a ayudar a
entendernos».
Si el Fondo asumiera
verdaderamente la responsabilidad por las transgresiones graves que realizó en
ese acuerdo, no tendría legitimidad para realizar ninguna exigencia ni
condicionamiento.
Pero además del macrismo, la
responsabilidad recae también en las grandes corporaciones que respaldaron ese
despropósito y que ahora plantean condiciones como bajar impuestos, critican el
control de precios y cuestionan cualquier negociación con China. La UIA militó
el gobierno de Macri y salió con los tapones de punta cuando asumió Alberto
Fernández, pero en esta reunión anual bajó las banderas de guerra y convocó a
medio gabinete a participar en las mesas.
A la mayoría de esas
empresas, el gobierno de Juntos por el Cambio les hizo perder plata (en sus
términos, porque a ese nivel, todos tienen red). En cambio y a pesar de la
pandemia, con el gobierno del Frente de Todos, ahora están en un nivel de
producción superior al de 2019, donde los había dejado Macri.
Será un misterio para
sociólogos la causa del respaldo ideológico de este sector a quienes lo
perjudican y su oposición militante a los gobiernos industrialistas que lo
favorecen. No es un hecho menor, sino generalizado. Aunque ganan plata, a estos
empresarios les molestan medidas como los impuestos distributivos, la doble
indemnización o el control de precios en situaciones de crisis. Con el macrismo
pierden plata, pero nunca tendrían estos planteos.
Juntos por el Cambio instaló
una nebulosa ideológica en la que el Estado y la gestión pública debían
encararse como «negocios privados» y que entonces los más adecuados para
conducirlos serían los empresarios, presentados como los grandes triunfadores
de la época a partir de sus capacidades y méritos. Esa turbia metáfora explica
algunos de esos posicionamientos poco explicables.
Mauricio Macri acaba de ser
procesado por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA
San Juan. Cuando asumió la presidencia estaba procesado por el espionaje a
familiares de víctimas de la AMIA. Y hay otras dos causas por espionaje durante
los cuatro años de su gestión, en los que se espiaba a presos políticos, a
opositores y hasta algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que no
estaban en la línea del macrismo puro.
En todos los casos, las pruebas
de los espionajes son abrumadoras. Hay grabaciones, videos, informes,
declaraciones de víctimas y de agentes. El espionaje ocurrió durante la gestión
de Macri y en todos los casos estaba ligado a ellos.
Más allá del resultado
definitivo en la justicia, resulta innegable el uso del espionaje desde su
gobierno como una práctica sistemática y en ese sentido, Macri es el principal
responsable. El juez Martín Bava, que dictó el procesamiento, hizo un
paralelismo de esas prácticas con la dictadura.
El espionaje es un atropello
al derecho, a las libertades, a la privacidad, a la idea de republicanismo.
Pero además es la consecuencia de esa concepción metafórica casi infantil del
Estado como empresa privada y del funcionario público como un patrón o gerente.
Por eso formaron un gabinete con directivos de las corporaciones más
importantes locales y transnacionales.
En la línea de esa metáfora,
el presidente no es patrón ni gerente, sino más bien un empleado de los
ciudadanos. Un empleado de lujo, pero empleado a sueldo. La idea del patrón que
se promovió desde Juntos por el Cambio lleva implícita la idea del privilegio.
La idea de empleado implica responsabilidad. La gestión pública es una
responsabilidad y no un privilegio.
La idea de Estado patronal del
macrismo, que fue votada por tantos empleados y trabajadores y asumida con
entusiasmo por la mayoría de los empresarios, abre la puerta a los abusos. La
utilización sistemática del espionaje como herramienta de control social se
relaciona con esa idea descarnada de la supuesta superioridad que otorgaría el
capital. La superioridad otorga privilegios y uno de ellos es la impunidad.
Los tripulantes del ARA San
Juan murieron en el cumplimiento de una misión oficial. El comandante en jefe y
último responsable en la cadena de mandos es el presidente de la Nación, que en
ese momento era Mauricio Macri. En vez de preocuparse por el dolor de los
familiares de sus subordinados fallecidos en acción, Macri los maltrató y los
hizo espiar. Quería saber cuál era la reacción de estas personas que
atravesaban un trance doloroso. Quería saber si eran kirchneristas y con
quiénes se relacionaban y les intervenían los teléfonos. Estos familiares
estuvieron encadenados a las rejas de la Casa Rosada más de 40 días para que el
gobierno no abandone la búsqueda del submarino hundido. En vez de contenerlos,
la reacción fue controlarlos y espiarlos.
Al conocerse el
procesamiento esta semana, los dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO,
radicales y seguidores de Carrió, salieron en tropel en defensa de Macri,
aunque varios de ellos tambien fueron espiados. De la misma forma reaccionó la
corporación mediática hegemónica. Todos dicen que Macri no fue, pero ninguno
dice que no hubo espionaje. No podrían decirlo porque las pruebas son
contundentes. Y la responsabilidad por ese sistema de Estado patronal no
democrático los involucra.
Si la honestidad intelectual
se sobrepusiera a los intereses partidarios y corporativos tendría que haber
una preocupación extendida por el riesgo antidemocrático que implicó el sistema
montado por el macrismo de persecución judicial a opositores, de represión a la
protesta, de fake news o campañas mediáticas con información falsa y del
espionaje como práctica sistemática de control social.
*Luis Bruschtein: periodista argentino,
subdirector del diario Página/12, que vivió exiliado en México, luego de
eventos como la desaparición forzada de sus tres hermanos y su padre. Es hijo
de Laura Bonaparte, una de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de
Mayo.