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| Un cartel desconcertante: un libre acceso que en los hechos no lo es. |
“La tierra no crece, y por eso cada día valdrá más; hay que comprar tierra”, aconsejaba el capo mafioso Tony a su hijo en una recordable línea de la serie Los Soprano. A esa dicha certeza se le suman variables muy actuales: el acceso al agua, el mercado de los commodities (alimentos, combustible, energía) e intereses estratégicos de los Estados intervienen en la puja territorial en nuestro continente y, con mayor intensidad aun, en Argentina.
A comienzos de febrero, cuando una
comitiva osó penetrar el camino público que conduce a Lago Escondido, personal
del empresario Joseph Lewis –que se arroga poder de policía en la zona– agredió
a los visitantes, entre ellos a un funcionario que debió ser evacuado
en helicóptero. Lewis, lejos de disculparse, subió la apuesta: invitó horas después al mismísimo
Mauricio Macri (“su amigo” según el expresidente) a la mansión
sureña. Fue en el día de San Valentín y, aunque ambos cumplen años en febrero,
resulta difícil suponer que el meeting responda al amor mutuo.
¿De qué hablaron? No se sabe, pero el
encuentro triangular se completó con el potentado Árabe Yasir Al-Rumayyan,
involucrado por varios medios en el asesinato del periodista Jamal Khashog en
2018 y Gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Mostrarse
en Lago Escondido: todo un oxímoron y un mensaje. La exposición voluntaria de
una realidad paralela con leyes propias donde la idea de nación o Estado no
rige.
Normas que no se cumplen y testaferros
rabiosos son parte de las batallas secretas por la tierra que libran los
megadueños a través de presidentes locales “amigos” o gobernadores que hacen la
vista gorda.
El hombre
del rifle
Nicolás Van Ditmar se ganó algunas
denuncias oficiando de portero a las órdenes de Lewis. Como testaferro y
administrador de Hidden Lake S.A. Van Ditmar, también director y dueño del 1% de
las acciones, supo oportunamente reproducir los valores de su jefe a viva voz:
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino; todos los empleados
vamos a pelear por la propiedad privada con sangre si hace falta” había
confesado en su encendido discurso el 28 de marzo de 2011, frente a los
tribunales de Viedma, disconforme con un fallo adverso (uno de los tantos)
según el cual debía liberarse el acceso al Lago.
Por si quedaban dudas, el holandés errante –siempre encabezando pandillas con matones disfrazados de gauchos a caballo para amedrentar– cerró aquella arenga asegurando que impondría sus intereses “Con el Winchester en la cintura”. La bravuconada le valió comparecer oportunamente en la Justicia, pero sin consecuencias. Hoy, el reincidente, afronta una nueva demanda que el grupo de Abogados Solidarios presentó ante la Justicia Federal a raíz de las recientes agresiones contra el grupo que intentaba transitar el camino público al mismo espejo de agua, el 3 de febrero de 2022.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino; todos los empleados
vamos a pelear por la propiedad privada con sangre si hace falta” Nicolás Van
Ditmar-testaferro de Joe Lewis
Lago escondido y su acceso están
cercados desde 1996 cuando el magnate británico compró unas once mil hectáreas
ubicadas entre El Bolsón y Bariloche. Lewis –a sus 84 años, uno de los 300
hombres más ricos del mundo y el quinto más acaudalado de Inglaterra– construyó
su casa interrumpiendo un camino público ya trazado, a metros del agua, y
violando la ley nacional que protege el área como “zona de seguridad de
fronteras” según la cual allí solo pueden ser adquirentes ciudadanos
argentinos.
Los reclamos formales contra el bloqueo del
magnate se suceden desde hace décadas. El caso más reciente: el Procurador
General de la Nación, Carlos Balbín, envió en 2016 una nota dirigida al
Ministerio del Interior pidiendo que resuelva (Expte. N° S04: 0042681
/2016)"la lesividad” que permitió la venta. Pero no tuvo respuesta del
organismo entonces conducido por Rogelio Frigerio. Es más: Balbín, a partir de
esa solicitud, fue forzado a renunciar a su cargo.
“Tío Rico
ayudó a cumplir nuestro sueño”
Por su parte, el escudero Van Ditmar es
dueño de la estancia Bahía Dorada, sobre la costa atlántica, en el límite entre
Río Negro y Chubut donde parece estar prestando otros servicios a Lewis. Allí,
en 2008, se construyó una inmensa e inexplicable pista de aterrizaje de 1.800
metros de largo (extensión similar a la del Aeroparque Metropolitano en CABA)
sin funcionamiento comercial o turístico declarado.
La cinta asfáltica, de 50 metros de
ancho y capacidad para recibir aviones (Van Ditmar no los tiene) de carga y
gran porte incluye un gigantesco hangar y radares de última generación.
Si uno pregunta a la familia
propietaria, las explicaciones fluyen cual cuento de hadas; “tenemos un Tío
Rico, un padrino, un sponsor (sic) que nos dio una mano enorme para poder
cumplir con nuestro sueño” fundamentó Vanessa Mazza, esposa de Van Ditmar en
una entrevista al diario provincial Rio Negro en marzo de 2008 al explicar el
origen de los recursos que posibilitaron tamaña obra.
El sueño matrimonial devino pesadilla
cuando, según se denunció, desde “Bahía dorada” se operaban vuelos secretos a
las Islas Malvinas. Esta y otras sospechas llevaron a que en 2015 la cámara de
Diputados de la Nación elevara un pedido de informes al Poder Ejecutivo
Nacional (Expediente 2428-D-2015) sobre la existencia de un aeropuerto
"privado" inglés en la Patagonia argentina, emplazado en Puerto Lobo.
Pero ¿qué interés podría tener una pista
aérea estratégicamente cercana a Malvinas que se usa tres veces al año? ¿Acaso
el Tío Rico, el padrino matrimonial, tendría algo que ver con el asunto? Otra
vez, los caminos (los públicos, los bloqueados, los secretos) conducen a Joe
Lewis.
“Una
cuestión muy ideológica”
Desde 2005, la causa abierta contra
Lewis por estas infracciones a la ley gira en los tribunales rionegrinos
mientras los fallos, además de dos normas de origen, claras, concisas –nadie
puede apropiarse en la Argentina de un lago e impedir que se acceda a él y
ningún extranjero puede ser dueño de tierras en zonas de seguridad de
frontera– se siguen incumpliendo.
“Aquí comienza el acceso público a Lago
Escondido, según fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río
Negro, expediente 21690/06” reza el cartel en uno de los accesos. Pero la
propia policía provincial, a un costado, garantiza la impunidad de la guardia
privada que atacará, como ya sucedió, a quien traspase ese límite. Allí rige la ley Lewis.
Consultada al respecto, la gobernadora
rionegrina Arabella Carreras, dijo a Radio Nacional Buenos Aires el pasado 7 de
febrero que “los pobladores de la zona de Lago Escondido ven alterada su vida
tranquila por una cuestión muy ideológica”.
Cuando tenga
la tierra
Si el latifundismo en manos de unas
pocas familias locales caracterizó a la Argentina de siglo XIX, la
globalización y las variables ya mencionadas (acuíferas, energéticas, etc.)
trajo algunos nuevos dueños al tablero. A modo de referencia: hoy el mayor
propietario del territorio nacional es Luciano Benetton, con casi un millón de
hectáreas, aproximadamente la mitad de la superficie de la provincia de
Tucumán.
Macri promulgó un decreto (el 820 de 2016) que dio una mayor e inédita
libertad de compra de tierras a los interesados de remotas latitudes
En mayo de 2018, el sitio web
chequeado.com publicó un dato que sorprende: Más de 12,5 millones de hectáreas
argentinas están en manos de extranjeros, mientras que dos millones de esas
hectáreas pertenecen a firmas radicadas en paraísos fiscales.
Contra lo que suele suponerse, hoy es
mayor la cantidad de tierras adquiridas por extranjeros en el norte que en el
sur del País. La provincia líder en este ranking es Salta, con un 11,5% de su
superficie en manos foráneas: nada menos que 1. 727.411 de hectáreas. Le siguen
Misiones (11%), San Juan (10,4%), Corrientes (9,2%), Mendoza (8,7%) y Catamarca
(8,64%).
En la Patagonia no sólo está Benetton.
También son dueños en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz otros
particulares y empresas: el Grupo chino Heilongjiang Beidahuang con 330 mil
hectáreas, la sociedad francesa Somuncura Patagonia SA con 155 mil, el Rabino
estadounidense Elimeir Libersohn con 140 mil, el canadiense Gold Corp con 130 mil,
Trillum Corporation (EE UU) con 125 mil, el ciudadano chileno Roberto Hiriart
(Chile) con 100 mil, la sociedad comercial sudafricana Anglo Ashanti Gold con
50 mil, el grupo belga Burco, con 85 mil, el mediático estadounidense Ted
Turner con 56 mil hectáreas y nuestro ya conocido Lewis, que pese a ser dueño
de apenas 38 mil hectáreas (lo más modesto del grupo) superó recientemente en
fama a los anteriores.
En el nombre
del dueño
Como respuesta a la avalancha compradora
extranjera de los años 90, el gobierno de Cristina Kirchner impulsó la ley
26.737 sancionada y promulgada en diciembre de 2011 para limitar su acceso a
capitales foráneos. Según la norma, una misma nacionalidad no puede tener más
del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
Pero la ley no tiene efecto retroactivo
y, en consecuencia, pese a su sanción, son muchas los distritos y provincias
argentinas literalmente “diezmadas” en su territorialidad. A modo de ejemplo:
San Carlos, un área declarada Lugar Histórico Nacional, en los Valles
Calchaquíes, pertenece en un 58% a una sociedad radicada en Uruguay, mientras
que el departamento de Molinos, sitio turístico e histórico por excelencia,
también salteño, es 47% estadounidense y 10% suizo. En total, son 50 los casos
de distritos que exceden, por mucho, el límite impuesto por la ley que intentó
poner freno a la compra extranjera.
El problema
es no tener contactos
"Si no tenés contactos, un mapuche
trucho te saca la casa" dijo hace poco Mauricio Macri, cuya última gestión
presidencial procuró anticiparse a esas injusticias y reformular la ley 26.737
del con un decreto presidencial (el 820 del 29 de junio de 2016) inverso que
hizo menos imprescindible “tener contactos”. En lugar de limitar la compra a
extranjeros, la norma de Macri dio mayor e inédita libertad de compra a los
interesados provenientes de remotas latitudes.
Entre otras facilidades, el decreto
cambiemita estableció que para que una sociedad sea considerada extranjera,
deberá superar el del 51% del paquete accionario con participación foránea.
Esto llevó a que prácticamente todos los consorcios se reformularan mediante
enroques, prestanombres y otras coartadas para ser considerados nacionales y,
en consecuencia, libres de comprar, vender y recomprar sin limitación estatal
alguna.
Los
olvidados de adentro y los privilegiados de afuera
En el invierno de 2017 Santiago
Maldonado, el joven artesano que apoyaba el piquete mapuche del grupo Pu Lof en
Chubut, desapareció tras el operativo de Gendarmería Nacional en un confuso
episodio que terminó con su muerte. Lo que no se dijo entonces fue que
Cushamen, donde ocurrieron los hechos, es uno de los distritos cuya superficie
pertenece en un 23% a dueños extranjeros: más precisamente a Benetton.
En el hecho y lugar confluirían las tres
partes-fuerzas del conflicto: capitales extranjeros privados, reivindicaciones
territoriales indígenas y Estado nacional. Sin embargo, otra vez, como en los
bloqueos de Lewis, la única fuerza y ley que imperó de esa tríada fue la
primera.
Magdalena Odarda, titular del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, activamente movilizada y seguidora del conflicto
de Lago Escondido desde 2005, conversó con Télam sobre el caso. La funcionaria
tiene una visión optimista en cuanto a que lograr "el libre acceso" a
las tierras costeras del espejo de agua que Lewis hoy bloquea podría sentar jurisprudencia en
relación con otros espacios cuya problemática es similar.
Por su propia área de incumbencia,
Odarda conoce a fondo la situación de las comunidades originarias cuyos
reclamos han activado, simultáneamente, la alerta en cuanto a la posesión de
tierras en el País por parte de inversores extranjeros.
En noviembre de 2021, la funcionaria
celebró el DNU por el cual se prorrogó otra ley que viene al
caso referir: la 26.160, sancionada en 2006. Esta norma suspende los
desalojos mientras se releva la ocupación ancestral y es complementaria a la
preservación de los derechos territoriales de los pueblos originarios, pero
también resulta clave para lograr, en suma, el cumplimiento de las leyes
argentinas que, en su espíritu y su letra, priorizan el reconocimiento a los
derechos de los locales frente al negocio de los visitantes.
Finalmente, a juzgar por el aluvión de
compradores foráneos que es tendencia en Argentina (y que ninguna ley logra
frenar) quizás aquel parlamento de Tony Soprano aconsejando a su hijo haya
hecho eco en ciertos magnates que comparten una cosmovisión sobre la propiedad,
los derechos, las legislaciones locales, el derecho individual respecto del
colectivo y otros tantos asuntos; después de todo, los bienes raíces siempre
congregaron a inversores hermanados por intereses y actividades similares que
suelen confluir en oportunidades jugosas.
*Gabriel Sánchez Sorondo nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina en el año 1965. Comenzó a escribir trabajando como periodista en el antiguo diario La Prensa en 1984, allí realizó reseñas literarias, reportajes a escritores y músicos.
