El título corresponde a un notable libro publicado hace casi medio siglo
por Héctor Nicolás Zinny, un notable periodista e historiador rosarino ya
fallecido. Se trata de una investigación sobre la trata de mujeres en la
llamada “Chicago argentina” en las primeras décadas del siglo XX. Pasaron cien
años de los sucesos descriptos y el título cobra inusitada vigencia: una de las
ciudades más pujantes y bellas del país vuelve a encontrarse asolada por las
mafias, pero esta vez con características más violentas y con el aval de
sectores policiales y de la política. Al punto de que en los últimos años
contabiliza un asesinato por día. Entre los fallecidos se cuentan muchos
inocentes que fueron alcanzados por las balas en paradas de colectivos, calles
y plazas. Los ataques y las advertencias en forma de tiroteos, llegaron a
tribunales, medios de comunicación, a la casa de un gobernador y, la semana
pasada, el negocio de la familia de la esposa de Lionel Messi. ¿Por qué el
Estado no actúa de manera eficiente para combatir el delito organizado? ¿Por
qué la dirigencia argentina no tiene este tema entre sus prioridades? ¿Por qué
Rosario?
El mensaje que dejaron los atacantes después de disparar catorce veces
contra el negocio de los Rocuzzo, decía: “Messi te estamos esperando. Javkin
(por Pablo, el intendente de Rosario) es narco no te va a cuidar”. La noticia, con la amenaza al crack del PSG,
se instaló en todos los medios de comunicación del mundo y derivó en una crisis
política. Javkin explotó de impotencia ante las cámaras de televisión,
expresando sus sospechas sobre connivencia policial e intencionalidad política
(aspira a la gobernación), “nunca hay detenciones ni persecuciones, se llegó a
disparar sobre tribunales caminando”, dijo. El Ministro de Seguridad de la
Nación, Aníbal Fernández, eligió una frase insólita: “ganaron los narcos”. El
presidente Alberto Fernández , aunque parecía imposible, empeoró la idea de su
ministro: “hay que ayudar a Rosario, los rosarinos son argentinos…” . Un
verdadero canto a la imposibilidad. Los comentarios generaron bronca y
vergüenza. Desde la oposición, que tuvo sus cuatro años de política ineficaz en
la materia, sólo hubo comentarios de aprovechamiento político en formato de
promesas de “mano dura”. Unos días antes del incidente la titular del PRO y
precandidata a Presidenta, Patricia Bulrich, prometió en Rosario la
participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco. A pesar de la
desmesura y la ilegalidad de alguna de sus propuestas, hay que reconocer que es
difícil que esas ideas no seduzcan a muchos ciudadanos hartos de vivir con
miedo. En las últimas horas, Daniel Scioli –que también aspira a la
Presidencia– elogió a Bukele, el Presidente de El Salvador que combate a las
pandillas de su país salteándose los derechos humanos y normas mínimas de
legalidad. Dicen que tiene un 90 por ciento de aceptación.
Hace años que señalo públicamente que el narcotráfico es el principal
desafío que deben enfrentar los estados democráticos. No soy el único, lo hacen
numerosos especialistas con mejores argumentos. Sin embargo, el tema no está en
la agenda de la dirigencia nacional, mucho menos en la de los sectores
progresistas. Basta ver los procesos que viven hace décadas países hermanos
como México, Colombia y Brasil, para entender que este enemigo común, cuenta
con recursos ilimitados, apoyo financiero y legal, y que crece de manera
exponencial si no se lo enfrenta con la necesaria decisión política. En los
países mencionados, hay villas (unas 300 sólo en Río de Janeiro), zonas
rurales, áreas selváticas, incluso municipios, controlados por el narco. En
esos territorios las bandas operan como un estado paralelo gracias a la compra
de policías, jueces y funcionarios. A quienes no pueden corromper los amenazan
o los eliminan.
La palabra Messi operó “el milagro” de expandir lo evidente y, esta vez,
nadie pudo desentenderse con facilidad. En Rosario faltan recursos de todo
tipo. No alcanza con más policía, hace falta una mejor policía porque la que
está no combate al delito y, muchas veces, participa de los negocios ilegales.
En palabras del Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe: “la policía santafesina
no existe”. Hace falta inteligencia criminal para golpear a los que lavan el
dinero con operaciones financieras, comerciales o inmobiliarias. Hacen falta
más jueces y fiscales (insólitamente el Congreso tiene demorada cantidad de
designaciones). Hacen falta recursos económicos para intervenir en los barrios
populares, donde los pibes a los 12 o 13 años tienen como opción más atractiva
servir a las bandas que comercializan droga. Y hay que intervenir el Servicio
Penitenciario, tanto el nacional como el provincial, porque hasta ahora
sirvieron como oficinas para los narcos detenidos. Se estima que el 80 por
ciento de las balaceras se ordenan desde allí.
Dicho esto, es un error pensar que se trata de un problema circunscripto a
una sola ciudad. En el conurbano y en algunas villas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la situación es igualmente grave, sólo que la policía en lugar de
participar de las operaciones delictivas, muchas veces, las ordena. Hace meses
que Nacho Levy, dirigente de La Garganta Poderosa y los referentes sociales de
Laferrere, Fuerte Apache y la villa La CAVA, denuncian que no se puede salir a
la calle por la noche, por las peleas por el territorio por el narcomenudeo. Y
algo más grave, señalan un cambio cultural alarmante: antes estaba muy mal
visto ser “transa”, ahora es una opción de supervivencia aceptada. “Podemos
retener a los chicos en las actividades deportivas o educativas hasta los 13,
después si no la pegan con el fútbol o con la música, los perdemos”, cuentan
los referentes barriales.
El problema no es Rosario, es todo el país. Esa ciudad es un escenario
especial por su ubicación geográfica y por algunas características
particulares. Tiene catorce puertos privados en la zona norte con escaso
control estatal en la zona del complejo sojero. Desde hace una década se empezó
a pagar “las coimas” con droga y no con dinero, lo que obliga a que “todos
tengan que vender” y el mercado se atomizó. No se trata de grandes cantidades,
vender en Argentina con este tipo de cambio no es un buen negocio. Tampoco de
organizaciones complejas, pero cuentan con conexiones con quienes deben
reprimirlos y eso, durante años, les garantizó impunidad.
El entramado de connivencia entre un dealer que opera en el barrio y un
contador que lava el dinero en una cueva del centro es enorme. Estamos ante un
fracaso transversal. Por acción u omisión, socialistas, peronistas, radicales,
del Pro, todos tienen niveles de responsabilidad. Fiscales exigieron quitarle
los fueros a un senador sospechado por sus vinculaciones con el narco para
poder indagarlo y los legisladores santafesinos se opusieron. Las señales de
impunidad abundan y avergüenzan.
Para los políticos y funcionarios judiciales y policiales no hay muchas
opciones para analizar o enfrentan al delito o son cómplices. No alcanza con
meter preso a un dealer o a un jefe narco, siempre habrá otro que lo reemplace.
Mataron a Pablo Escobar y el negocio en Colombia siguió sin alterarse, metieron
preso al Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa sigue siendo una de las
organizaciones más poderosas del continente.
Hay que seguir con las detenciones, eliminando bunkers y desbaratando
bandas, pero si no se rompe el negocio nada cambiará. Obvio que ayudaría la
despenalización del consumo, después de medio siglo de fracaso de la llamada
“Guerra contra la droga”, el catecismo que le impuso Estados Unidos al mundo.
Ya hay presidentes, como Gustavo Petro, que lo plantean abiertamente en los
foros internacionales (les recomiendo la última intervención del presidente de
Colombia en Naciones Unidas).
Los narcos no ganaron todavía, pero nos están goleando. Y si el Estado
democrático no presenta batalla, no pone a los jugadores en el campo, el
resultado será inevitable. Para poder ganar hay que estar dispuesto a jugar el
partido por más difícil que parezca.
* Periodista, escritor, cazador de historias… bloguero exclusivo de Periodismo.com.
