La Cámara
Federal aceptó las querellas de tres jóvenes que fueron víctimas de una estafa
profunda cometida por el Presidente y empresarios inescrupulosos. La impunidad
en el caso $LIBRA significaría la consolidación de un modelo de saqueo
institucionalizado, donde los chanchullos privados se disfrazan de libertad
económica.
La criptoestafa
de Javier Milei es una trama de corrupción, frivolidad, personajes exuberantes
y fraude financiero que en pocos meses va a terminar como serie en el catálogo
de Netflix. Pero antes, esperemos que la Justicia investigue a fondo. Hoy la
Cámara Federal de Apelaciones tomó una decisión importante en ese sentido:
aceptó las querellas de tres damnificados que represento junto a los abogados
de Argentina Humana, Nicolás Rechanik y Camila Palacin. El martes nos habían
convocado a una audiencia –al igual que en la causa Alimentos un año atrás–
donde expusimos uno por uno los argumentos de por qué las víctimas deben ser
parte del proceso judicial.
Entre los
estafados están nuestros representados: tres jóvenes inversores que creyeron en
el Presidente de la Nación. Milei les vendió espejitos de colores desde el
estrado de la más alta magistratura de la República Argentina diciendo que eran
joyas. Los estafados vieron sus ahorros esfumarse en pocas horas y al trompa
gringo llevarse el dineral en un avión virtual: “¿A dónde? Nadie sabe, por
supuesto; Seguro de que pronto lo olvidarás; Y podrá postularse una vez más”.
El martes se
llevó a cabo la audiencia ante los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y
Roberto Boico, quienes debían revisar la decisión del juzgado que en primera
instancia negó la posibilidad de que mis defendidos sean admitidos como
querellantes en la causa. Como en otras ocasiones, empezamos mal: llegaron una
hora y media tarde. No me gustan los modales nobiliarios de la casta judicial y
así se los hice saber. Finalmente, la demora se debía a un chequeo de salud de
uno de los magistrados. Disculpas aceptadas, su señoría.
Junto a mis
colegas, insistimos en que estos jóvenes no solo fueron víctimas de una estafa
común, sino de un esquema delictivo más profundo que involucra tres crímenes
que eslabonan la cadena causal de la gran estafa:
Estafa
financiera internacional en la que miles de personas fueron inducidas por el
Presidente, que publicó el smart contract en su cuenta oficial para que compraran un activo creado exclusivamente
para realizar un esquema de rag pull: a
partir del tuit de Milei, el precio se infló 570 millones de veces en cuatro
horas (de US$0,000001 a US$5,20 USD), luego los propietarios mayoritarios de la
criptomoneda liquidaron sus posiciones y el precio se desplomó.
Negociación
incompatible con la función pública: la publicación de Milei sobre $LIBRA que
posibilitó la estafa es, además, un delito en sí mismo. Esto es así porque aún
si el activo no hubiera sido un jarrón roto, el presidente de la Nación no
puede promover negocios particulares.
Tráfico de
influencias, donde los empresarios detrás de la estafa habrían logrado acceder
al presidente Javier Milei mediante el pago de sobornos a su entorno más
cercano, en particular a su hermana Karina Milei, para hacer negocios privados
con la investidura presidencial como respaldo.
Me resultó
sorprendente que un periodista me preguntara en tribunales si acaso mis
defendidos no habían hecho una “mala inversión” en criptomonedas. Hermano: fue
una estafa perpetrada desde los más altos niveles del poder donde actuaron de
carnada el Presidente de la Nación y empresarios inescrupulosos. Ninguna
inversión rinde 520 millones de veces su valor inicial. Eso es una estafa.
Así las cosas,
mientras en Estados Unidos la demanda colectiva avanza y los tribunales
norteamericanos reconocen la legitimidad de los damnificados para reclamar
justicia, en Argentina recién ahora, luego de nuestro planteo, las víctimas
podrán participar del proceso judicial.
Durante la
audiencia, expusimos la necesidad de que nuestros representados sean aceptados
como querellantes, ya que negarles esta posibilidad sería un acto de
discriminación y desprotección jurídica. Sería, además, una vergüenza nacional.
Las víctimas argentinas serían víctimas de segunda clase.
Celebro la
decisión de la Cámara, porque no se puede tratar a nuestros compatriotas
estafados como si fueran espectadores ciegos en un caso que los perjudicó
directamente… pero hay algo más importante: no podíamos permitir que la investigación
esté exclusivamente a cargo del fiscal Taiano por varios motivos, pero uno de
esos es que tiene conexiones familiares directas con el Gobierno y hasta el
momento ha sembrado algunas dudas en amplios sectores de la población respecto
de su vocación de encontrar la verdad permitiendo que la línea operativa de la
estafa tuviera más de quince días para borrar la información de sus
dispositivos electrónicos antes de secuestrarlos. Nuestra querella tiene un
sentido claro: impulsar esta causa para que no quede exclusivamente en manos
del ministerio público garantizando así la transparencia de la misma.
Acompañando cuando sea oportuno y proponiendo nuestras medidas de prueba cuando
lo creamos necesario
Como pueden ver
en el video, demostramos cabalmente que están cumplimentados los requisitos
para ser querella: no hace falta ni que el delito esté probado ni que esté
probado el daño… existe la presunción de inocencia para los acusados y la
afectación de los damnificados se demuestra plenamente en juicio. Lo que se
requiere para ser querellante es que exista un hecho plausible de ser delito y
los querellantes muestren indicios verosímiles de una afectación. En nuestro
caso, las dos cosas son absolutamente innegables. Y los jueces nos dieron la
razón.
Esperamos que la
Justicia vaya a fondo con la investigación. Colaboraremos en ese sentido.
Porque la impunidad en este caso no solo significaría el triunfo de los
estafadores, sino también la consolidación de un modelo de saqueo
institucionalizado, donde los chanchullos privados se disfrazan de “libertad
económica”; el Estado termina siendo la junta de negocios de la plutocracia; el
presidente de la República el crupier sobornado de un casino de buitres.
*Docente, autor y dirigente social argentino. Se recibió de abogado y licenciado en Ciencias Sociales. Es también fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En 2019 junto a otros dirigentes jóvenes fundó el Frente Patria Grande.
