Por Julian Portela*. A escasos días del traspaso de
poder en esta Provincia, aún resuena el diagnóstico lapidario que formulara el
futuro gobernador (primero economista) sobre el estado actual de la Provincia
de Buenos Aires.
No corresponde en esta columna analizar cuánto de simbólico
tiene ese crudísimo juicio de quien lógicamente prefiere dejar en claro que
arranca desde muy atrás para normalizar una jurisdicción (la mayor, más poblada
y con más pobreza de las 24 del país), pues es lo que los abogados denominamos
“beneficio de inventario” que para cubrirse corresponde antes de asumir una
nueva responsabilidad.
En un contexto nacional
inflacionario que golpea a diario principalmente a quienes no pueden actualizar
sus ingresos regulares (si los tienen), el ámbito bonaerense es el más golpeado
y está claro que las primeras medidas del nuevo gobierno debieran tender a
socorrer a los más vulnerables, con medidas proactivas para garantizar las
condiciones de supervivencia más elementales. Pero superada esa urgencia,
corresponderá necesariamente aprovechar la oportunidad que toda crisis entraña
para recrear una provincia eternamente deficitaria pese a aportar casi el 40%
de la producción nacional, carente de identidad (seguimos llamándonos “DE
Buenos Aires” cuando hace más de un siglo que se nos descabezó de esa
metrópoli), postergada federalmente, y política y econonmicamente condenada a
una nación-dependencia.
Es que la gráfica metáfora de la
“tierra arrasada” puede considerarse como una exagerada invocación a la táctica
militar de no dejar nada al futuro ocupante (como hiciera Belgrano en el
histórico “éxodo jujeño”) o, más productivamente aún, como la tabula rasa en la
que todo se puede construir sin condicionamientos innatos. En más de una
ocasión hemos planteado la necesidad de replantearnos aspectos sustanciales
como la conveniencia de seguir unidos en una única macrojurisdicción con casi
la mitad de la población y de la economía nacional, que percibe apenas la mitad
de lo que produce, y cuyos votos se licuan en una representación parlamentaria
federal también devaluada comparativamente. La historia demuestra que de poco
nos sirve una provincia que por sus defectos estructurales no ha servido de
paraguas frente a las frecuentes crisis nacionales, y que tampoco ha sido
eficiente para potenciar las calidades regionales que sí posee en su extenso
territorio. Repensar la institucionalidad de la Provincia SIN Buenos Aires es
un desafío constitucional que más temprano que tarde deberemos afrontar quienes
preferimos denominarnos por nuestra afinidad local (platense, por caso) antes
que con el ambiguo y desabrido carácter de “bonaerense”.
Pero mientras tanto el nuevo
gobierno debiera rescatar los progresos institucionales que siempre deja una
gestión anterior, en el caso de la saliente indudablemente su proclamada
vocación por la transparencia y los planteos de actualización a nación del
insólito Fondo del Conurbano, que no solo no deberían abandonarse, sino
potenciarse mediante, por ejemplo, la consagración legal de una Agencia de
Transparencia (en lugar de la inofensiva Oficina de Fortalecimiento
Institucional creada por decreto) y el reimpulso de acciones judiciales
concretas ante la Corte nacional para equilibrar razonablemente la distribución
de alícuotas coparticipables que se liquidan con déficit constante a la mayor
provincia argentina (será fundamental para ello involucrar con dedicación
exclusiva al actual Fiscal de Estado, hoy inusualmente disperso en otros ámbitos
representativos).
También será un desafío
institucional inmediato reconvertir el rol articulador e integrador del derecho
y de la justicia para una sociedad virtualmente rota, donde una mitad desconfía
de la otra, replegada por la miseria en condiciones de supervivencia y
convivencia deficitarias desde todo sentido. Transformar al Estado de un
elemento de marginación y persecución a una herramienta fenomenal de
integración social es una de las metas más ambiciosas que siempre debería guiar
una gestión respetuosa de los valores constitucionales en todo nuestro país. En
ese contexto, será vital que la nueva gestión no caiga en el tradicional
defecto de nutrirse solo de ideas porteñas, y sí se apalanque en los centros de
pensamiento estratégico local que estudian continuamente mejoras para el
arcaico Estado provincial: nuestra facultad de Derecho platense como primer
ejemplo, o los propios colegios profesionales (empezando por el de abogados,
haciéndose cargo de su relevante rol para involucrarse en propuestas
concretas), además de las demás entidades intermedias.
Esta provincia enorme y
potencialmente rica precisa de cambios estructurales que tiendan a una
descentralización real a través de municipios autónomos (vieja deuda
bonaerense), mayor control y un Estado socialmente empapado de las necesidades
de TODA su sociedad civil. Los actuales ejemplos de Chile, Colombia y Bolivia
evidencian que no hay crecimiento económico sustentable sin visión de equidad
social y justicia en la distribución del progreso. En ese sentido, esa metáfora
de la nueva gestión sobre la “tierra arrasada” podría convertirse entonces en
la hoja en blanco que desafía a todo nuevo escritor para que empiece a narrar
su mejor historia.
(*)Abogado constitucionalista / El Día
