El profesor titular de Teoría del Estado en
la Facultad de Derecho de la UBA Aníbal D’Auria acaba de publicar el libro
Crítica y genealogía del lenguaje político argentino, donde desarrolla el distinto
significado que fueron teniendo a lo largo de nuestra historia como nación
palabras como revolución, liberalismo, progreso, conservadurismo, izquierda,
política, etc.
No está el libro actualizado hasta la palabra
“casta”, cuyo vacío de significado y potencia sonora de su significante (dos
sílabas, la misma vocal) usufructuó Javier Milei para llegar a la presidencia.
Quizá porque se trate de un término solo pasajero que en el futuro deje de
usarse y no tenga la perennidad y pregnancia de liberal, sobre la cual ya
Sarmiento y Alberdi tenías distintas interpretaciones (mucho más conservadoras
el segundo que el primero) permitiendo comprender mejor sus mentalidades
políticas.
Quien vino a completar de significado la
palabra “casta” fue el politólogo ultraderechista cercano a Milei y presidente
de la Fundación Libre, think tank de ideología conservadora, Agustín Laje,
quien acaba de presentar su libro Globalismo: ingeniería social y control total
en el siglo XXI, y en una entrevista ayer en PERFIL, cuando el periodista
Ezequiel Spillman le preguntó si el ingreso de Scioli al Gobierno desgastaba el
concepto de casta, respondió: “Se desgastó pero, más que por poner a un Scioli,
porque las palabras políticas de moda se desgastan demasiado rápido. Lo que
tuvo de innovador en su momento y sirvió para una campaña política ahora en
otra fase, que es la de gobernar, quizás ha perdido su fuerza. Hay que inventar
un nuevo lenguaje. A mí me ha gustado mucho lo del ‘partido del Estado’.
Apareció en una conferencia que dio Javier hace relativamente poco. ¿Qué
significa? Que hay un partido político que es el partido del Estado, y eso mete
en la misma bolsa a radicales, kirchneristas, PJ, incluso algún sector del PRO,
también a Lilita Carrió. Y dentro del ‘partido del Estado’ entra también el
periodismo, el sindicalismo, una parte del sector educativo”.
Así, “casta”, reelaborada como “partido del
Estado”, sería equivalente a la dirigencia de un país con excepción de los
empresarios, curioso. Pero discutir con honestidad intelectual la ideología de
Milei y su LLA es fútil porque se trata de una ensalada inconsistente de mezcla
de conceptos desarticulados que parecen estar unidos solo por la conveniencia
comunicacional del momento. Sí tiene una coherencia persistente el tono y el
énfasis siempre exaltado como el uso de una constelación de metáforas y
términos escatológicos con abundancia de insultos sobre los que se refirió
también ayer, en una columna que merece ser leída completa, Roberto Gargarella
en el diario La Nación titulada “Los insultos presidenciales merecen una
respuesta legal”, sobre lo que justamente me referí en la columna de ayer en
PERFIL, de la que esta es continuación.
Para Gargarella: “El presidente argentino nos
ofende y ruboriza, cotidianamente, a través de un uso siempre irrespetuoso del
lenguaje que, más que desafiante o innovador, aparece como desalmado y
reaccionario”. Y avanza no ya con juicio por injurias o calumnias, como el que
junto al de Jorge Lanata le inicié al Presidente, sino directamente con juicio
político.
Para Gargarella, el Presidente está sujeto a
mayores restricciones que limitan su libertad de expresión: “La dignidad de su
cargo, los deberes propios de su función y la mayor influencia de su discurso
hacen que el Ejecutivo tenga mayores responsabilidades por lo que dice”.
El juicio político es “una práctica bien
establecida en el derecho occidental, tal como nos lo recuerdan casos como los
de Andrew Johnson, Richard Nixon y Donald Trump. Los agravios, las mentiras,
las arengas violentas expresadas desde la Presidencia pueden ser, han sido y
deben ser objeto de limitación, persecución y sanción legal”. Y agrega
Gargarella: “Basta con tomar, al azar, cualquiera de sus discursos, para
encontrar pruebas contundentes del carácter injurioso de sus dichos (...) se ha
referido a los periodistas como ‘corruptos, soretes y ensobrados’ y en el acto
de Parque Lezama –y es importante recordar este dato– el Presidente arengó e
incitó al público, cuando algunos participantes empezaron a gritar ‘hijos de
puta’ contra los periodistas”.
Gargarella cita a Keith Whittington, uno de
los principales especialistas contemporáneos en materia de libertad de
expresión, quien defiende el juicio político para no normalizar la inconducta
presidencial, dejar un precedente y restaurar la dignidad del cargo: “El
discurso divisivo, intolerante, imprudente o peligroso puede convertirse en el
fundamento para un juicio político”, aun si las expresiones del caso fueran
(como no lo son en la mayoría de los ejemplos que nos ocupan) “perfectamente
legales”. O sea, además de juicio político, los insultos de Milei deben tener
condena penal aunque así no lo entienda el juez Sebastián Ramos en el primer
fallo absolutorio a Milei por injurias, a quien sobreseyó este viernes de forma
“superexprés”, absolución que está siendo apelada contando ahora como amicus
curiae a Adepa, Reporteros sin Frontera, Fopea y Amnesty.
Ayer el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires se retiró del Foro de Convergencia Empresarial por no haber
logrado una postura en común con las otras entidades para criticar los
reiterados ataques del Gobierno a la prensa. Dado que la oposición no logra
renovar su dirigencia y construir una alternativa creíble para los votantes, es
probable que surjan de la sociedad civil los nuevos actores que pongan límite a
la arbitrariedad y violencia presidencial. Ojalá al despertar de los
estudiantes y profesores universitarios le siga el de los periodistas y medios
de comunicación de trayectoria y continua defensa de la libertad de expresión,
para que progresivamente también la Justicia cumpla su papel republicano de
limitar los abusos del Poder Ejecutivo.
Volviendo a Gargarella y su insistencia en
que el juicio política está dentro de la Constitución y es una herramienta de
la democracia utilizada en todos los regímenes presidencialistas, están los
citados ejemplos de Estados Unidos y anteriormente de Brasil, ya que a
diferencia de los sistemas parlamentarios no tienen el llamado a nuevas
elecciones en cualquier momento. En Argentina, el antiperonismo, potenciado por
lo mucho cuestionable del kirchnerismo, ha instalado la idea de que un
presidente no termina su mandato por un golpe de Estado del peronismo a
gobiernos que no lo son pero Macri terminó su mandato de cuatro años, Raúl
Alfonsín gobernó cinco años y medio, y el único ejemplo computable es el de
Fernando de la Rúa, quien claramente no estaba en condiciones de continuar.
Vale la pena volver a escuchar el discurso de
Miguel Ángel Pichetto el miércoles en la Cámara de Diputados a punto de
triunfar el veto de Milei: “Creen que ganan, pero pierden”; es útil para la
institucionalidad democrática que haya en la oposición un hombre de Estado como
él en el Parlamento. Y que con el tiempo pueda hacer reflexionar a diputados
del PRO como Alejandro Finocchiaro, quien dijo el miércoles que “antes de votar
algo con el kirchnerismo me corto la mano” y la diputada Silvana Giudici, quien
en mi programa diario de las mañanas dijo: “Coincido con Finocchiaro, nunca voy
a estar de acuerdo con el kirchnerismo en ninguna de sus propuestas”. Idéntico
argumento tiene el diputado radical Mariano Campero para justificar sus votos a
favor de Milei.
El poder del kirchnerismo parece un fantasma
neurótico de quienes sufrieron heridas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner
(hace ya más de diez años), y tienen razón en no olvidar pero no lo pueden
superar. Hoy el peronismo tiene solo cuatro gobernadores (otros dos fueron
cooptados por el Gobierno), y de esos cuatro solo dos se subordinan a Cristina
Kirchner, y quien promete competirle por la presidencia del PJ, el gobernador
de La Rioja, Ricardo Quintela, ni siquiera le atendió el teléfono a la
exvicepresidenta. La Coalición Cívica, los socialistas de Santa Fe y los
peronistas de Córdoba no padecen esa “neurosis del helicóptero”. Es hora de que
el PRO y el radicalismo la superen y atraviesen su fantasma. La democracia
siempre requiere oposición alternativa con capacidad de gobierno.
Volviendo al libro del profesor D’Auria
Crítica y genealogía del lenguaje político argentino: ¿dónde está hoy la lucha
entre barbarie y civilización sobre la que polemizaban Sarmiento y Alberdi?
(Alberdi había colaborado con Echeverría en la redacción del Dogma socialista)
. Rescato un párrafo sobre la visión de aquella generación de 1837: “Rosas no
podía ser más que un accidente trágico, a lo sumo una astucia momentánea de la
historia que obraba por las malas cuando no se le abría paso por las buenas,
tarde o temprano las cosas se encarrilarían por la vía del progreso, como debía
ser”. Dos palabras más: liberalismo era generosidad, y progresismo, optimismo.
Y liberal era sinónimo de progresista.
*Director de Perfil
