A diferencia de otros países de América Latina, la Argentina se caracterizó por un gran despliegue de movilización social y política. Muy tempranamente, los distintos grupos migratorios que fueron habitando el país desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante trajeron y crearon también, formas de organización colectiva que se desplegaron tanto en los que habitaron el campo como la ciudad.
Cooperativas, sociedades de socorros mutuos, asociaciones, centros barriales, asociaciones vecinales, sociedades de fomento luego sindicatos, centros de estudiantes, crearon conciencia de derechos y de lucha por los derechos de los trabajadores y de diferentes colectivos. Si bien las dictaduras como los gobiernos neoliberales más recientes se propusieron arrasar con las formas colectivas de organización para imponer privilegios de minorías o valores conservadores, históricamente constituyeron una barrera que más de una vez puso en crisis esas políticas. Represión, exilio, desmantelamiento, desocupación y persecuciones no lograron hacer desaparecer esas prácticas, que año a año se van resignificando.
El recientemente elegido gobierno de derecha radical encabezado por Javier Milei con el apoyo de otras formas de derecha partidaria y de los empresarios más poderosos de la Argentina tiene entre sus objetivos centrales deslegitimar de raíz las formas de organización colectiva para generar una sociedad determinada por el mercado y sin derechos. Su famosa batalla cultural apunta a promover el emprendedurismo de individuos desanclados de todo referente colectivo identificando a derechos y demandas sociales con términos como comunismo, colectivismo. El cruel ajuste económico que impulsa desde que asumió el poder opera sobre la creencia que todo lo que viene del Estado y de su función pública es sinónimo de corrupción, improductividad e ineficiencia. Desde esa perspectiva pretende volver a un capitalismo imposible en el siglo XXI, un capitalismo sin regulación estatal, inexistente por otra parte en sociedades capitalistas de alto PBI como las de Europa del Norte o los EEUU, que suele poner de ejemplo, atravesadas por una importante cantidad de impuestos.
La ilusión irreal de un capitalismo sin Estado que impediría el crecimiento económico llega a justificar el desmantelamiento de la esfera pública estatal y de sus instituciones como en este caso que nos convoca la educación pública y en particular las Universidades Públicas.
No hay modo de imponer un modelo económico excluyente, reaccionario y conservador sino es con represión. Es así como el discurso neoliberal se sostiene con una política de seguridad que cercena los derechos a la movilización y protesta social para aplicar un ajuste despiadado sobre la política de subsidios que hizo de este país una sociedad menos injusta, menos desigual a otros países de la región.Transporte público, tarifas de servicios, educación y salud pública hicieron de la Argentina un país diferente que creó las condiciones, con sacrificio, para la movilidad social. En ese horizonte se sitúa el valor que para la sociedad argentina tiene la universidad pública. Desde la reforma universitaria de 1918, la gratuidad en 1949, el crecimiento de las universidades en zonas no centrales del país, tanto en el AMBA como en otras provincias, promovieron un país moderno, móvil y con expectativas de bienestar. Desde la década del 20 y más aún desde los años 40 los hijos y nietos de inmigrantes se apropiaron del título de la obra de teatro uruguayo Florencio Sánchez -“M’hijo el doctor”- y los hijos de la colonización judía agrícola en Santa Fe, Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires se imaginaban a partir de la frase “Cosechamos trigo, sembramos doctores”. Ya en los años 80/90, comenzó a aparecer la primera generación de universitarios en zonas periféricas de grandes urbes como Buenos Aires y Córdoba.
Así como se justifica el veto a la movilidad jubilatoria a partir de la necesidad de regular las cuentas nacionales, y disminuir el déficit fiscal sin atender los derechos de los jubilados, también se pretende vetar la ley de financiamiento universitario a partir del discurso de la corrupción, el mal uso del financiamiento, cierto desajuste en el presupuesto asignado y la cantidad de graduados y el acceso gratuito de estudiantes extranjeros.
Es evidente que las minorías privilegiadas de este país, los intereses de los sectores más ricos beneficiados por la disminución del impuesto a los bienes personales no asumen la responsabilidad de la pobreza creciente, la disminución y creciente desaparición de la movilidad social. Si bien, ajuste y represión constituyen elementos centrales para consolidar la acumulación de riquezas de las burguesías, a la vez el ancho campo de las golpeadas clases trabajadoras y clases medias no pueden pensarse sin una universidad pública potente que contenga las demandas de inclusión y de intervención activa en el desarrollo social, productivo y cultural del país. Por eso en un contexto de profunda crisis social y económica, el imaginario nacional constitutivo de los fundamentos de este país como es el acceso a la universidad pública y gratuita nos impulsó a la realización de una marcha federal multitudinaria.
