Primer punto: según esta lectura,
estos votantes no estarían demandando un cambio de rumbo, es decir, no
propondrían avanzar hacia una política neoliberal, que reduzca las regulaciones
y opte, entre otras cosas, por un Estado pequeño, ineficiente e inactivo. Por
el contrario, lo que reclamarían es una mayor intensidad y profundidad de las
políticas socioeconómicas que ya viene implementando el gobierno.
Segundo punto: sabemos, por lo
tanto, qué quieren esos electores y tenemos dos meses para dirigirnos a ellos y
tratar de convencerlos de que vuelvan a apoyarnos en las próximas elecciones.
Necesitamos explicarles que Juntos por el Cambio no va a resolver los problemas
de la Argentina sino que los va a agravar. La intensificación de las medidas
gubernamentales requiere de un gobierno más fuerte y, por eso, con mayor apoyo
electoral.
Por lo cual, estamos ante una
paradoja: si una parte de los votantes decide nuevamente no apoyar al Frente de
Todos en protesta por la falta de profundidad de las políticas del gobierno,
ese retiro del apoyo incidirá en que éste último tenga menos capacidad para
profundizar sus políticas. Es decir: la reacción ante lo que consideran
insuficiente terminaría aumentando la insuficiencia.
Una administración gubernamental
debilitada es menos apta para avanzar en la dirección que los electores críticos
reclaman. La gran pregunta es: ¿qué tenemos que hacer para remontar esta
situación? La respuesta es simple: acelerar e intensificar la ejecución del
modelo actual.
Tercero: el resultado electoral
adverso generó una tensión inédita entre los miembros de la coalición
gubernamental y una discusión que desbordó los ámbitos internos. No es ninguna
novedad: el éxito o el fracaso de las coaliciones está en la capacidad que
éstas tienen para resolver sus diferencias. En la actual alianza de gobierno no
sobra nadie y todos hacen falta. Los espacios políticos que la conforman, si
quieren ser exitosos individualmente, están obligados a seguir trabajando
juntos. La unidad de todas sus partes no es una opción: es un punto de partida
imprescindible.
Cuarto: la carta pública de la
Vicepresidenta volvió a poner en el centro de la escena la discusión sobre la
necesidad de acelerar e intensificar la aplicación de las políticas
socioeconómicas. En esa perspectiva, Cristina Fernández de Kirchner hizo un
cuestionamiento intenso a la ejecución presupuestaria de este año. No dice que
aspira a un déficit mayor al presupuestado sino que no se está cumpliendo con
lo presupuestado.
El déficit fiscal, como sabemos,
es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Por eso, es posible
argumentar que se subejecutó el presupuesto porque no todas las partidas se
ejecutaron y, al mismo tiempo, afirmar que lo que se ha gastado coincide con lo
presupuestado porque hubo más ingresos y no menos gastos. De todos modos, en
este segundo caso, en el que hay ingresos superiores a los previstos, dadas las
necesidades básicas insatisfechas que hay en la Argentina, lo lógico sería
aumentar el gasto y no aprovechar esa situación para reducir el déficit.
En ese marco de tensión, el
miércoles de esta semana se cumplió con la manda constitucional y se presentó
el proyecto de Presupuesto 2022. El texto, de una extensión de 4851 páginas,
dice en su introducción: “El conjunto de políticas presupuestarias detalladas
en este Presupuesto intenta avanzar en la recuperación de la actividad
económica, la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la reducción
de la desigualdad promoviendo la inclusión social activa. Además, en el
Presupuesto presentado se reflejan las acciones concernientes al fortalecimiento
productivo y al impulso sostenido de la inversión pública en infraestructura.
Asimismo, este proyecto de ley pretende establecer el marco de consistencia
macroeconómica a partir del cual se estructura el conjunto de políticas
públicas a nivel nacional, de manera de compatibilizar los objetivos de corto,
mediano y largo plazo trazados por el Gobierno nacional con las capacidades de
financiamiento del sector público y el equilibrio monetario y externo de la
economía argentina”.
En el proyecto enviado al Congreso
el gobierno propone, entre muchas otras cosas, que el déficit fiscal durante
2022 sea menor al del corriente año. También establece aumentos de partidas
reales —no nominales— para inversión en infraestructura, un crecimiento del
consumo privado y una variación salarial por arriba de la inflación. Además,
asegura que no está previsto realizar pagos al FMI durante el próximo periodo y
hace un extenso relato sobre las consecuencias que significaría para el país
desembolsar los 19 mil millones de dólares comprometidos por la anterior
gestión para el año 2022 con el organismo internacional. Por supuesto: si no se
maneja la hipótesis de pago es porque se está pensando en la posibilidad de
llegar a un acuerdo. Se sostiene en el proyecto de Presupuesto: “respecto a los
pagos de capital correspondientes al acuerdo stand-by vigente con el FMI se
espera alcanzar un nuevo acuerdo con condiciones financieras razonables durante
el ejercicio 2022 que permita extender los vencimientos de más allá de 2024”.
Es decir: se trabaja con la hipótesis de que no habrá que hacer desembolsos con
el FMI, como mínimo, hasta el 2025.
Al cierre de esta nota se
conocieron los cambios en el gabinete. Todos los funcionarios entrantes
ocuparon cargos relevantes durante los gobiernos de Néstor Kirchner y/o
Cristina Fernández de Kirchner, han demostrado un fuerte compromiso con el
proyecto y, por supuesto, ratifican el rumbo de la coalición gubernamental. Una
vez más, queda demostrado que la unidad es imprescindible: para volver a entusiasmar
a quienes con razones están enojados, para relanzar con mucha más fuerza las
políticas en ejecución y para seguir avanzando hacia un modelo de crecimiento
con la gente adentro.
* Diputado nacional por el Frente
de Todos y Presidente del Partido Solidario
